Abuso Sexual en la Infancia, ese monstruo

EL 10 POR CIENTO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS RECONOCIO HABER SIDO ABUSADO

Una luz roja en la infancia

Un estudio entre alumnos de facultades públicas y privadas, realizado por la Facultad de Filosofía y Letras, revela que casi el 10 por ciento de los/las estudiantes sufrió abuso sexual en la niñez, muchos por parte de familiares.

Por Mariana Carbajal

Casi un 10 por ciento de estudiantes de universidades públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires reconoció que sufrieron algún tipo de abuso sexual antes de los 19 años por parte de un adulto de su entorno familiar o desconocido, según surge de la primera encuesta sobre experiencias traumáticas en la infancia y la adolescencia realizada en el país sobre una muestra de 2750 personas: desde manoseos hasta sexo oral y coito. El número de mujeres que respondieron afirmativamente duplica al de varones. En más de la mitad de los casos, el abuso ocurrió en la propia casa de la víctima o en la de sus abuelos. Al 44 por ciento de estudiantes que fueron abusadas/os, el hecho lo afectó entre “mucho” y “muchísimo”.

El relevamiento fue realizado por el Programa de Investigación en Infancia Maltratada de la Facultad de Filosofía y Letras, que encabeza la socióloga María Inés Bringiotti, presidenta de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto Juvenil (Asapmi). Los resultados fueron presentados este fin de semana en el II Congreso Internacional de Violencia, Maltrato y Abuso, organizado por Salud Activa, en el que participaron reconocidos expertos del país y extranjeros.

“Es una luz roja”, consideró Bringiotti sobre los resultados obtenidos. “Muchas de las personas encuestadas que sufrieron abuso sexual en su infancia estaban pidiendo a gritos terapia”, agregó.

La muestra respetó, explicó Bringiotti, el porcentaje de matriculados de cada una de las áreas definidas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau): Ciencias de la Salud, Básicas, Aplicadas, Humanas y Sociales. También la proporción de estudiantes de universidades públicas y privadas. El 80 por ciento pertenece a la UBA. En una segunda etapa, ya en curso, la encuesta apuntará a relevar los casos de abuso sexual infantil en la población general de la Ciudad de Buenos Aires. Es el primer estudio de prevalencia del Abuso Sexual Infantil (ASI) en la Argentina con una muestra de esas características.

Del total de encuestados, el 9 por ciento respondió que había sufrido algún episodio de abuso sexual en su infancia o adolescencia: 11,9 por ciento de mujeres y 6,1 por ciento de varones. En cuanto a los abusadores, las respuestas fueron muy repartidas: madre (1%); padre (2%); abuelos (5%); hermanos (6%); primos (6%); padrastro/novio madre/hermana (7%); otros parientes (26%); conocidos (26%); profesores (4%, 1 caso mujer, los otros varones); extraños (32%).

Hay pocos relevamientos a nivel nacional en el mundo para conocer la prevalencia del ASI en la población general. Uno de ellos se hizo en España, en 1995, y encontró un 15 por ciento de habitantes que habían sido víctimas de ASI, en sus diversas modalidades, indicó Bringiotti. En poblaciones específicas, precisó la presidenta de Asapmi, se conoce un estudio sobre estudiantes universitarios del País Vasco, también de 1995, que detectó ASI en 14 por ciento de encuestados y otro entre universitarios de Cataluña en 2007, donde el porcentaje detectado fue algo superior, de casi el 18 por ciento.

Los tipos de ASI referidos por los estudiantes universitarios de la Ciudad de Buenos Aires van desde toqueteos hasta relaciones sexuales con penetración. En algunos casos se combinan varios. El 70 por ciento de quienes fueron abusados describieron manoseos; en el 28 por ciento, propuestas. En estos dos casos, la mayor proporción correspondió a mujeres. Señalaron haber sido sometidos a sexo oral el 11 por ciento –en porcentajes similares de ambos sexos–; el coito fue apuntado por el 7 por ciento: el doble de mujeres que de varones. Un 9 por ciento indicó “otras formas” de ASI.

Más de la mitad, padeció la situación de ASI entre una y cuatro veces. El 13 por ciento entre 5 y 10 veces, y un porcentaje levemente inferior, 11 por ciento, más de diez veces.

¿Dónde ocurrieron los abusos?

- 25 por ciento en la propia casa.

- 29 por ciento en casa de abuelos.

- 25 por ciento en la calle.

- 20 por ciento en otros lugares (club, natatorio, boliche, casa de profesores, casa abandonada).

Bringiotti destacó que la amplia mayoría (62% de quienes admitieron haber sufrido ASI) no pidió ayuda. Sólo el 22 por ciento pidió ayuda y recibió una atención adecuada, agregó la especialista.

Vergüenza, miedo y angustia fueron los sentimientos que recordaron que les provocó el ASI. Un tercio negó el hecho. “Casi un 10 por ciento nos pusieron como comentario en el cuestionario que habían podido definir que se habían tratado de situaciones de abuso sexual mucho tiempo después de haberlo sufrido. Recordaban que no les gustaba, por ejemplo, cuando el abuelo los bañaba y les metía las manos en los genitales. Algunos las descubrieron recién en terapia. Otros contaron que hablaron con algún hermano y encontraron que había otras situaciones de promiscuidad en la familia”, indicó Bringiotti. Enojo y odio fueron otros sentimientos mencionados con más frecuencia por los afectados. Y, en mucha menor medida, asco y culpa.

La encuesta preguntó qué impacto había tenido en sus vidas el ASI en una escala que fue de “nada” a “muchísimo”. Al 26 por ciento le impactó “mucho”; al 18 por ciento, “muchísimo”. Sólo el 9 por ciento respondió “nada”. Y el 17 por ciento, “poco”.

Mujeres asesinas, mujeres heroínas

¿Por qué si una mujer decide donar sus órganos es una heroína y, en cambio, si decide abortar es tachada de asesina? ¿Por qué puede discutirse cuándo termina la vida humana, pero no cuándo comienza? Luis Novaresio.

Por L. Novaresio

15.01.2009

¿Por qué si una mujer decide donar sus órganos es una heroína y, en cambio, si esa misma mujer decide abortar es tachada de asesina? ¿Por qué puede discutirse cuándo termina la vida humana, pero no puede debatirse cuándo comienza?

Cerrado otro período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, donde una decena de proyectos que modifican la legislación sobre el aborto perdieron estado parlamentario, las respuestas a estas preguntas las dan (en off, nada de grabadores) dos legisladores que se caracterizan por ir al frente con el lavado del dinero, los superpoderes o la estatización de las jubilaciones: hay muchas presiones “de arriba”. Lo inadmisible no es que se adopte una posición de total rechazo o aprobación a la interrupción del embarazo. Lo preocupante es que no se quiera, ni por asomo, admitir el debate público de ideas. La muerte no es única. Por años morir fue perder la actividad circulatoria sanguínea: la asistolia. Ésa era la muerte biológica. En el mismo año en que los franceses gritaban que la imaginación sería el poder, en Harvard se definía que la muerte no era el fin de la actividad cardiopulmonar sino la irreversibilidad del daño cerebral que provoca el coma.

La muerte encefálica es la ausencia completa de conciencia, motilidad y sensibilidad, más la falta de respiración espontánea y la carencia de reflejos con trazado electroencefalográfico plano. Pasaron 40 años desde entonces y la medicina ha debatido –y debate– distintas nociones como la muerte cortical, teoría que sostiene que la vida humana se termina (y empieza) sólo y exclusivamente con el fin de las funciones cerebrales superiores que nos diferencian de las otras especies vivas.

Aquellas que manejan la conciencia y la cognición a través del “cerebro superior”, los hemisferios cerebrales y fundamentalmente la corteza cerebral.

¿Hay, entonces, varias nociones de muerte? Cualquier debate médico moderno dirá que sí. En la Argentina, objetivamente, se muere dos veces. Cuando se adoptó por ley la decisión de que todos los argentinos fuéramos donantes presuntos de órganos, salvo expresa oposición, se tomó como norma la convicción de que la muerte no es el último latido del corazón. Se eligió la muerte encefálica. Primera muerte.

Sin embargo, para enterrar el cadáver se exige el corazón sin latir. Segunda muerte. Y aquí, ante este doble estándar, no hay prurito moral, al menos masivo.

Si hay varias muertes, ¿hay varios inicios de la vida? Esto sería interesante debatir en el Congreso. No será posible pensar que si existen distintos criterios del fin de la vida, quizá existan distintos criterios para determinar el comienzo. Y en ese caso: si una mujer puede decidir donar órganos, ¿podría caber la posibilidad de que también elija el origen de vida?

Hay quienes creen que todo comienza desde la concepción en el seno materno. Los religiosos, en general, y Vélez Sarsfield en su Código Civil en el artículo 70. Otros creen que recién se inicia cuando se nace.

El mismo Vélez, perdonándole la contradicción ante tan difícil tema cuando dice cuatro artículos más adelante que, nacido muerto, el feto no adquiere derechos. Para otros, la vida distinta de la madre es cuando el feto se implanta a los pocos días de la fecundación o cuando aparece la médula espinal (día 14) o cuando es viable o el sistema neurológico está pleno (semana 12) y así, tantos más.

¿Entonces? Que no es más que un prejuicio dogmático o una pose de moralina no discutir semejante tema entre los representantes del pueblo. Que una mujer no es heroína o asesina medida por esos mismos prejuicios. Que el Estado no está para hacernos “buenos” o nobles sino para garantizar la libertad de pensamiento y acción siempre que no tropiece con el artículo 19 de la Constitución y jorobe al prójimo. Que una norma no obliga: faculta.

Nadie se divorció porque Alfonsín impulsara la ley de separación sino porque quienes lo hicieron dejaron de amarse, o lo que fuera en su vida privada, ajeno a la mano del gobierno. Y que, finalmente, quizá el gran médico y antropólogo de su especialidad Diego Gracia se animó hace tiempo a ayudarnos a pensar a ciudadanos y legisladores cuando dijo que “la muerte es un hecho cultural, humano. Tanto el criterio de muerte cardiopulmonar como el de muerte cerebral y el de muerte cortical son construcciones culturales, convenciones racionales, pero que no pueden identificarse sin más con el concepto de muerte natural.

No hay muerte natural. Toda muerte es cultural. Y los criterios de muerte también lo son. Es el hombre el que dice qué es la vida y qué es la muerte. Y puede ir cambiando su definición de estos términos con el transcurso del tiempo. Los criterios de muerte pueden, deben y tienen que ser racionales y prudentes, pero no pueden aspirar nunca a ser ciertos”. Quizá válido también para pensar el inicio de la vida misma.

Impulsan beneficios para quienes den trabajo a mujeres

Un proyecto de ley de la diputada María Araceli Carmona crea un régimen de promoción por tres años, en el cual se otorga al empleador de mujeres desocupadas el derecho a computarse una deducción adicional en el Impuesto a las Ganancias del 50% de las retribuciones correspondientes al personal femenino contratado bajo el presente régimen, y una reducción en el pago de las contribuciones al Sistema de la Seguridad Social del 33%.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe anual Tendencias Mundiales del Empleo de las Mujeres advirtió que la crisis económica podría aumentar el número de desempleadas en hasta 22 millones en el 2009, debido a la profundización de la recesión. El informe agrega que la tasa de desempleo será más perjudicial para las mujeres que para los hombres en la mayoría de las regiones del mundo, especialmente en América Latina y en el Caribe.

“Consecuentemente el incremento del desempleo femenino, la discriminación salarial, la escasa presencia de mujeres en puestos de responsabilidad, muestran en nuestro país que la igualdad plena es una tarea pendiente, que necesita de nuevos instrumentos jurídicos como esta acción normativa dirigida a combatir manifestaciones de discriminación e impulsar el avance de las mujeres en aquellos ámbitos de la vida económica y social en que su presencia se muestra aún insuficiente”, aseguró la diputada correntina María Araceli Carmona, quien presentó un proyecto de ley que crea un régimen de promoción por el término de tres años, en el cual se otorga al empleador de mujeres desocupadas el derecho a computarse una deducción adicional en el Impuesto a las Ganancias del cincuenta por ciento de las retribuciones correspondientes al personal femenino contratado bajo el presente régimen, y una reducción en el pago de las contribuciones al Sistema de la Seguridad Social del treinta y tres por ciento.

“En este proyecto se contempla las dificultades que enfrentan las mujeres en la búsqueda y selección de un puesto de trabajo derivadas del estado civil, de la maternidad y de las principales barreras que encuentran en el desempeño de su actividad profesional; como el encasillamiento en sectores profesionales, menores posibilidades de promoción laboral y retribuciones inferiores en iguales puestos de trabajo”, explicó la diputada oficialista.

Por consiguiente, Carmona concluyó que “se trata de impulsar y promover la necesidad de incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo, contribuyendo a paliar el problema del desempleo, fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, estimular el ascenso y promoción profesional de las mujeres, conciliar la vida familiar y laboral y hacer efectiva la no discriminación y la igualdad”.

Darse muerte por mano ajena

Publicado en Página/12

Un estudio encomendado por el Ministerio de Salud, en el que participaron especialistas de primera línea en violencia de género, sospechan que una alta cantidad de casos informados como suicidios femeninos ocultan inducción al suicidio o femicidio.

Por Mariana Carbajal

¿Un porcentaje significativo de suicidios de mujeres en el país podrían estar relacionados con distintas formas de violencia de género? O dicho de otra forma: ¿pueden esconder homicidios o ser consecuencias de cadenas de maltratos de parte del esposo o ex pareja de la víctima? Con esta inquietante pregunta como disparador, el Ministerio de Salud de la Nación encargó un estudio multicéntrico, en el que participaron especialistas de la UBA, Flacso, la Universidad Nacional de Quilmes y el Hospital Alvarez de la ciudad de Buenos Aires, entre otras instituciones. El trabajo –sobre cuyos alcances Página/12 ya informó– acaba de concluir. “Encontramos pistas para pensar que muchos casos de muertes de mujeres registradas como suicidios se tratarían de femicidios encubiertos”, reveló Ana María Fernández, directora de la investigación y profesora titular de Introducción a los Estudios de Género de la Facultad de Psicología. Para corroborar esa presunción, recomiendan incorporar metodologías innovadoras para indagar sobre violencia de género como las autopsias psicológicas, que analizan vínculos familiares e historia de la víctima.

El estudio se desarrolló en el último año. Su objetivo: relacionar la mortalidad por causas externas de las mujeres como suicidios y homicidios y las violencias de género. Lo dirigió Fernández y la coordinación estuvo a cargo de la profesora de Flacso, Débora Tajer. También participaron la directora del Hospital Alvarez, Diana Galimberti; la directora del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Ana Ferrarotti; Agustina Chiodi, del Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos; Sandra Borakievich, de la Universidad de Quilmes; y Susana Ferrín, a cargo del Programa de Salud Escolar de la ciudad de Buenos Aires.
“La violencia de género se debe encuadrar como un problema de derechos humanos, pero también como un problema de salud pública. Las víctimas de violencia de género tienen más problemas de salud, y por lo tanto le cuestan mucho más al sistema de salud. Y su forma extrema produce la muerte”, consideró Tajer. Y destacó que haya sido el Ministerio de Salud el promotor del trabajo a través de su comisión Salud Ciencia y Tecnología (SACyT).
Uno de los puntos de partida del estudio fue analizar las estadísticas oficiales de defunciones violentas de mujeres durante el 2005. Ese año en Argentina se registraron 14.002 muertes por causas externas: 9115 fueron por accidentes (65%), 2993 por suicidios (21%) y 1894 por homicidios (14%). Las investigadoras dejaron de lado los accidentes. Plantean que deben ser objeto de un próximo estudio. Y se dedicaron a bucear en las profundidades de las estadísticas de suicidios y homicidios.
Uno de los hallazgos más significativos fue que las provincias con más suicidios tienden a registrar menos homicidios. Tierra del Fuego, la que más suicidios presenta (37%), registra sólo 9 por ciento de homicidios. Catamarca (32% de suicidios) presenta un 6 por ciento de homicidios. La Pampa posee el menor porcentaje de homicidios en el país (4%), pero el porcentaje de suicidio es alto en relación con el resto. Es similar el caso de Salta, con un 24 por ciento de suicidios, frente a un 6 por ciento de homicidios. El dato es llamativo, indican las investigadoras, porque internacionalmente existe una tendencia en la relación estadística entre la cantidad de suicidios y de homicidios por región, con más peso de la primera causa. “En Argentina, siguiendo la tendencia general, hay casi el doble de suicidios (1,6) que de homicidios en mujeres. Pero encontramos provincias en las que esa proporción no se observa y llega casi a duplicarse o incluso ser aun superior, lo cual es al menos muy llamativo”, señaló Fernández.
–¿Infirien que hay suicidios de mujeres que serían asesinatos?
–Muchas muertes de mujeres –respondió Fernández– que acontecen en el marco de vínculos sentimentales son el último eslabón de situaciones de maltrato, son largas historias de palizas e internaciones, hasta que al final las matan. Tiene que ver con los femicidios. En relación con los suicidios, como saber previo, contamos que muchas mujeres llegan a matarse porque no aguantan más el maltrato, hechos que han sido denominados como suicidios inducidos. En la investigación encontramos buenas pistas sobre una sospecha que teníamos, y es que si a los casos registrados como suicidios se les hiciera una autopsia psicológica con perspectiva de género, encontraríamos muchos antecedentes de violencia in crescendo –siempre es importante en ese vínculo– que nos hace presumir fuertemente que estaríamos en presencia de homicidios encubiertos.
–¿Esa información se le pudo escapar a la Justicia o hubo encubrimiento de parte de los funcionarios policiales o judiciales?
–No hablamos de encubrimiento doloso, que se haya pagado un certificado de defunción o que el aparato judicial esté involucrado. Nos parece que hay un rasgo patriarcal por el cual cuando el marido llama a la policía llorando y dice: “Mi mujer se suicidó”, todo el mundo le cree. Es un encubrimiento donde confluyen imaginarios de género con una lógica patriarcal por la cual no hay que poner en duda lo que dice el marido. Si además esa mujer llevaba varios años de sometimiento a violencia de género y por tanto sufría depresiones, cuadros psiquiátricos que genera la violencia, nadie duda de que terminó suicidándose. Estaríamos en presencia de casos mucho menos contundentes que el de María Marta García Belsunce.
–¿Casos que los fiscales no ven?
–No dudan. En el análisis de las estadísticas nos encontramos con situaciones bastante extrañas. En el sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades, décima edición, de la OMS, hay un nomenclador de suicidios, el x700, que establece aquellos producidos por “lesión autoinflingida: por ahorcamiento, sofocación y estrangulamiento”. La denominación ya es rara: resulta imposible que una persona se autoestrangule o se autosofoque. Los especialistas en suicidología establecen los modos habituales internacionales de suicidios en mujeres y en varones. En mujeres, arrojarse al vacío, a las vías de un tren o un subte, envenenamiento por plaguicidas domésticos como raticidas o con barbitúricos, y es mucho más raro que recurran a un arma de fuego o al ahorcamiento. Sin embargo, en nuestro trabajo encontramos que en algunas provincias donde no aparecen homicidios por estrangulamiento o ahorcamiento, están sobrerrepresentados los suicidios por esa metodología extraña a las mujeres. También encontramos que en provincias como Catamarca y La Pampa hay casi seis veces más suicidios que homicidios, una proporción que no es la esperable en el país. En Salta, Jujuy y Tierra del Fuego es cuatro veces superior.

No es crimen pasional

“La salita o el hospital es el primer lugar donde una víctima de violencia recurre”, apuntó la profesora de Flacso y la UBA, Débora Tajer. “Así como ha sido muy rápida la sensibilidad, al menos en el ámbito metropolitano, de la opinión pública y de los profesionales de la salud y de la educación frente a un niño o una niña abusada, se mantiene todavía la insensibilidad frente a una mujer víctima de violencia. Si hace 15 años eran pocos los pediatras que al ver a un chico con múltiples fracturas iban a denunciar la situación, hoy es muy raro que un maestro o un médico que tiene indicadores precisos de abuso no operen en algún nivel. Es necesario difundir en el ámbito de la salud los indicadores de violencia de género: hay que capacitar a los profesionales para que denuncien los casos y darles garantías institucionales para que se sientan respaldados”, señaló la doctora en Psicología Ana María Fernández. Es una de las recomendaciones que hicieron al Ministerio de Salud, que les encargó la investigación de analizar la relación entre las muertes por homicidios y suicidios de mujeres y las violencias de género (ver nota central). También recomendaron, especialmente a los/as periodistas, el registro de la temática desde una perspectiva de género, empezando por cambiar el nomenclador crimen pasional por violencia de género o femicidio.

El Yugo se estrena hoy en el cine Gaumont

Hola gente linda!

En esta ocasión me comunico con uds. para invitarlos a ver el documental de mi querido amigo Javier Di Pasquo titulado "El Yugo". Este documental toma 3 historias de personas que vivieron y viven las consecuencias de la violencia laboral en sus vidas. También podrán encontrar algunas imágenes de un taller que dimos con Dolores Sosa y Emilio Montilla hace un tiempito. (Y si, aparezco, pero poquito tiempo, así que no les va a dar dolor de panza)

Vayan a verlo, es muy interesante, conmueve y alerta sobre una realidad con la que convivimos todos los días.

Por favor, dar la mayor difusión posible a este mail. Gracias

Lau

Ya se puede ver el trailer del documental "EL YUGO" en youtube
http://www.youtube.com/watch?v=AGYw8gll4Xg


"El documental trata sobre el acoso, el maltrato y hostigamiento laboral. Se desarrollan tres historias donde este problema provoca la peor de la situaciones como el suicidio de Natalia, o se describe como Erika, madre soltera de tres nenas es hostigada y explotada por su jefe y cual va siendo su camino para lograr superar la parálisis que provoca este flagelo social. En la tercer historia se describe cual fue el camino emprendido por un grupo de trabajadores, dónde nació su unidad y como se fueron oponiéndose a esta modalidad de aniquilación humana."



Titulo: EL YUGO
Titulo Original: El Yugo
Año de Producción: 2008
Duración: 63 min.
Actores:
Documental
Director: Javier di Pasquo

Comentario:

Documental acerca de la violencia laboral y los efectos nocivos que ésta provoca, es el material que el realizador argentino Javier di Pasquo propone para su segundo documental. Dentro de los Derechos Humanos, esta obra refleja el abuso psicológico, moral y emotivo de los trabajadores por parte de ‘jefes’ poco ortodoxos. Con estructura narrativa, dirección general, cámara y edición a cargo de di Pasquo, este documental sorprende por su temática, que es bastante antigua, pero que nunca antes se había visto nada en nuestro país a nivel fílmico. La estructura del guión toma tres casos: el de la joven Natalia cuya madre narra desgarradoramente los hechos que la llevaron a la muerte, otra joven madre que fue explotada con horarios a tras mano, violencia verbal y amenazas de despido para que cumpliera con el trabajo de tres personas y un enfermero perseguido por la patronal. Estos testimonios de casos particulares en empresas o en hospitales públicos, son más normales de lo que se piensa. El realizador propone en su segundo opus, la ayuda social y la fuerza de los compañeros de trabajo como grupo social, para hacer frente a las instituciones o empresas que los explotan. Visitando lugares de ayuda al trabajador donde se analizan los conceptos de los ataques, el por qué de los mismos y el modus operandi de estos ‘jefes’, cuya ineptitud y flaqueza mental los obliga a eliminar a aquellos que piensan, por ser una amenaza para ellos, descubriendo las verdaderas razones de estos nefastos hechos nacidos del abuso de poder y los chivos expiatorios que eligen como un cazador a su presa. Con esta minuciosa labor de ataque al trabajador y a su trabajo, logran que el empleado renuncie, se someta o quede psicológicamente afectado e incluso llegue a suicidarse. El documental está narrado en tres partes con separadores de pinturas que escenifican las situaciones y brindan una metáfora sobre la problemática. Técnicamente utiliza cámara en mano, imágenes reales en las oficinas, la calle, en los subtes y colectivos, con un muy buen uso de la música siendo un tema central el leit-motiv, que se escucha en los separadores y las dos canciones, el rap de la apertura del film y el tema “Compañeros” para el cierre compuesto e interpretado por Jorge Nataloni. Bien editada por cortes directos, “El Yugo” es un documental para reflexionar y actuar en contra de esos aborrecibles métodos de injusticia, impartidos por supuestos poderosos que no lo son tanto.

Juan Pablo Rousseaux
www.cinemeca.com.ar

Crimen sin castigo

Un juez de ejecución dice que no lee las causas para no contaminarse al dictar los beneficios de prisión morigerada, un tribunal de Jujuy acepta la emoción violenta de un hombre que mata a su mujer a trompatas, patadas y golpes con herramientas varias. Mientras tanto, los que activamos en estos temas e intentamos dar información, orientación y contención tenemos que seguir instando a denunciar. La tarea no es fácil, pero creo que entre todos podemos exigir jueces que se contaminen, tribunales que no se conmuevan más de lo debido y por sobre todas las cosas Policía que tome denuncias y actúe como deben.

MLL

-------------------------------------------

Su apellido parece un mal chiste, siempre que fuera posible que un chiste se colara entre los detalles de la tortura y el asesinato de una mujer frente a su hija de apenas un año. José Manuel Zerda, sin embargo, puede masticar una sonrisa: la pena que le impuso la Sala III de la Cámara del Crimen de Jujuy –cinco años– no es siquiera la que corresponde al homicidio simple, porque el hombre, quedó escrito, sufrió una “emoción violenta por causas desconocidas”.

Por Roxana Sandá

Cuáles son las marcas que se incrustan en la mente de una beba de un año al ver morir a su madre asesinada por el hombre que horas después la acunará en brazos; cuántas impresiones permanecerán por años entre sus manos si, como dijeron en un primer momento, se abrazaba a ese cuerpo sin vida que había sido su refugio. No hay respuesta posible, salvo los indicios que señalan cada ataque de llanto compulsivo, o los abrazos desmedidos a las polleras de la abuela, quien ni siquiera logra comprender que el homicida de su hija, Adriana Zambrano, sólo fue condenado a cinco años de cárcel. La sentencia de la Sala III de la Cámara Penal de Jujuy contra José Manuel Zerda a principios de este mes “demolió la entereza que nos quedaba. Nunca pensamos que la Justicia iba a ser tan indulgente frente a un crimen aberrante”, dice Miriam, una de las hermanas de Adriana, la joven asesinada en Palpalá el 13 de julio de 2008.

Ese día, Zerda pasó a buscar a su ex mujer y a la niña por el domicilio de los padres de Adriana para caminar juntos hacia su casa, a unas diez cuadras de distancia. Algunos testigos presenciaron una discusión que se prolongó a los gritos dentro de la vivienda, donde finalmente la mujer apareció muerta.

“Es como si le hubiera pasado un camión por encima” a ese cuerpo delgado que describe Miriam morado por las trompadas, las patadas y los golpes con un objeto de albañilería. “Muchas de estas cosas no se dijeron. Si hasta tenía quemaduras de cigarrillos. Pero el juicio se realizó en tiempo record, sólo fueron tres audiencias entre el 16 de abril y el 7 de este mes, y la única certeza aparente para condenar a Zerda resultó el golpe en la cabeza que mató a mi hermana.”

La primera señal que inquietó a los Zambrano fue la actuación del médico forense del Poder Judicial, Guillermo Robles Avalos, que si bien declaró que Adriana presentaba “rasgos de violencia en su cuerpo”, dijo no poder precisar la forma en que sufrió el castigo físico, aun cuando el protocolo de la autopsia demostró que presentaba hematomas provocadas por otra persona en la cabeza y el cuello.

Cuando llegó el turno de los testigos, ninguno, a excepción de los padres de Adriana, tenía conocimiento de que Zerda la maltratara. “Tuvimos que ir a buscar a dos amigas de ella para que se presentaran a testimoniar, porque hasta último momento no aparecieron. Y muchos vecinos de él, incluso uno que vivía al lado de la casa, dijeron que nunca escucharon nada y sólo sabían por comentarios que a veces discutían. Todos miraron para otro lado”, lamenta Miriam.

Para los Zambrano, la cadena de irregularidades cerró el círculo cuando las pericias psicológicas realizadas a Zerda no hallaron indicios de estar frente a un golpeador, y por consecuencia obvia, cuando el tribunal presidido por el juez Mario Ramón Puig dictó lo que consideran “una pena mínima y vergonzosa”, de cinco años.

“Por supuesto, apelamos el fallo porque no queremos permitir que la muerte de Adriana quede impune”, advierte Miriam aunque sepa que la pelea, ahora, viene por la niña.

El 8 de mayo, tras la lectura de la condena, Zerda manifestó que a partir de entonces sólo esperaba cumplir con los cinco años de prisión para recuperar a su hija. Días atrás, su familia inició acciones legales para obtener la tenencia de la pequeña, que hoy vive con la abuela materna.

“Para nosotros es inconcebible que la chiquita esté con ellos o que en unos años conviva con el hombre que asesinó a su mamá, por más que sea su padre –explica Miriam–. Significa una injusticia tremenda y una aberración. Vamos a presentar todos los recursos legales a nuestro alcance para impedirlo.”

La situación es similar a la que en la actualidad atraviesan los hijos de 4 y 6 años de Rosana Galiano, la mujer asesinada el 16 de enero de 2008. Desde la detención del viudo, José Arce, y su madre, Elsa Aguilar, acusados de ser los instigadores del crimen, los niños permanecen con unos primos de Arce, y los padres de Rosana no pudieron volver a tener contacto con sus nietos.

Sobre este caso, Roberto Babington, abogado de los Galiano, manifestó que “esos chicos tienen a la madre muerta y al padre preso, acusado de matarla. El daño psíquico que les están provocando no se arregla jamás. Y encima los desarraigan de los lazos familiares”. Los Zambrano temen que les ocurra lo mismo.

El 25 de noviembre último, en el marco del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, la Casa de la Mujer María Conti y la Multisectorial de la Mujer de Jujuy reclamaron la declaración de una situación de emergencia en esa provincia por los altos índices de femicidios y delitos contra la integridad sexual, que incluya modificaciones para acelerar los procedimientos judiciales, la creación de una fiscalía especializada y políticas activas de prevención. Los casos emblemáticos de Romina Tejerina en San Pedro y Rita Soruco en Maimará desnudan el estado de profunda discriminación de género que se vive en la región. Frases como “las violaciones vinieron con los españoles”, suelen ser los argumentos de algunos funcionarios judiciales del norte argentino para justificar la barbarie de género.

Entre las muchas formas de violencia que José Manuel Zerda derramó sobre Adriana desde que se conocieron, los golpes, “los mechoneos” que describió el padre de la joven en el juicio y las persecuciones sistemáticas encierran los recuerdos más inmediatos de esa relación. Se hace difícil, entonces, creer que el asesino de Adriana fuera presa de una “emoción violenta por razones desconocidas”, tal como concluyó el tribunal jujeño. Y una vez más asoma la certeza de que el hilo de la opresión y violencia contra las mujeres se fortalece. Desde los medios empecinados en definir el femicidio como “drama pasional”, y desde una Justicia con concepciones fuertemente machistas, que todavía aduce “emoción violenta” para rebajar los crímenes contra las mujeres.

LA CAPITAL DE LA PAMPA PROHIBIO EL FUNCIONAMIENTO DE PROSTIBULOS

Sería bueno ver más ejemplos no?

Lau

Página/12

Un freno a las redes de trata

El Concejo Deliberante de Santa Rosa aprobó por unanimidad una ordenanza que prohíbe el funcionamiento de whisquerías, locales donde se explota sexualmente a mujeres. En sesenta días, el municipio debe eliminar las normas que reglamentan la prostitución.

Por Mariana Carbajal

La capital pampeana daba anoche un paso significativo para enfrentar a las redes de trata que comercializan cuerpos de mujeres en su territorio. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una ordenanza impulsada desde la intendencia que prohíbe el funcionamiento de whisquerías, nombre con el que se habilitaban locales que en la práctica trabajan como prostíbulos regenteados por proxenetas. Las tres que están habilitadas en la actualidad deberán cerrar sus puertas cuando caduquen sus permisos, lo que sucederá a lo largo de este año, explicó a Página/12 la concejal oficialista Alicia Iribarren. La iniciativa –destacó– se empezó a analizar cuando desde el municipio se detectó que Santa Rosa se había constituido en un lugar de destino de mujeres reclutadas, muchas veces con engaño, por mafias de rufianes.

“Santa Rosa le dice NO a la trata de personas por explotación sexual”, decía anoche uno de los carteles colgados en el recinto del Concejo Deliberante por la subsecretaria de la Mujer del gobierno comunal, Mónica Molina, gestora de la sanción de la normativa. “Ninguna mujer nace para puta”, decía otro de los pasacalles. “Esperamos que otras ciudades de otras provincias, donde el tema de trata es un flagelo, puedan replicar estas acciones”, consideró Molina en diálogo con este diario.

El proyecto llegó al recinto después de obtener dictamen favorable el martes en un plenario de dos comisiones. El apoyo fue unánime.

“Dentro de los factores que incidieron para que estemos frente a esta votación fue fundamental el rol que tuvieron los medios de comunicación de contribuir a instalar y denunciar la temática, como puntualmente fue el caso de Página/12, que promovió la investigación de oficio del fiscal Marcelo Colombo”, comentó Molina, en referencia a una serie de notas sobre la situación de la explotación sexual de mujeres en locales de la provincia de La Pampa y, en particular, de la existencia de normativas en Santa Rosa y General Acha por las cuales, en la práctica, se reglamentaba la actividad de las “alternadoras” en las “whisquerías” habilitadas por la comuna, en abierta violación de la Ley de Profilaxis, que prohíbe los prostíbulos en todo el país.

Colombo es coordinador de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas de la Procuración General de la Nación. La semana pasada estuvo en la capital pampeana y se entrevistó con las autoridades municipales y con concejales, expresándole su preocupación por las ordenanzas. “Su visita a Santa Rosa y su preocupación por la concepción reglamentarista de la norma contribuyeron a que hoy (por ayer) estemos modificando esta norma. Lo que sigue es continuar con políticas activas creativas desde el Estado que generen otras oportunidades para nuestras niñas, adolescentes y mujeres y para evitar que sean captadas por redes de trata”, agregó Molina, quien llegó a la función pública con la asunción como intendente de Francisco Torroba, del Frepam, una coalición que se impuso al justicialismo y que agrupa a radicales, socialistas y al Partido del Frente.

Periodista y activa militante por los derechos de las mujeres, Molina venía manifestando su preocupación por el problema de la trata de mujeres desde hacía tiempo en Santa Rosa. Escuchar de primera mano sus voces fue uno de los motivos que la movilizaron para instalar esta problemática en la agenda política de la comuna. “Conocer sus historias, sus dolores, recordar frases de ellas como ‘quería amanecer una mañana con mis hijos, y no sentir el olor a transpiración y alcohol’, o ‘la gente cree que nos ganamos la plata fácil’, son suficientes para sentir un mayor compromiso”, destacó.

Tal como publicó este diario, en la capital pampeana la prostitución estaba reglamentada a través de las ordenanzas municipales Nº 1537/94 de Obligatoriedad de la Libreta Sanitaria y Nº 3218/2004, llamada Código de Espectáculos Públicos y sus locales. Este tipo de normativas, que permiten la habilitación de whisquerías o cabarets, existen en otros municipios del país. Además de prohibir la apertura de locales nocturnos y de establecer que deberán cerrar las que están funcionando una vez que caduquen sus permisos, la nueva ordenanza da al Ejecutivo y al propio Concejo Deliberante un plazo de 60 días a partir de hoy para “proceder a la revisión y adecuación de la normativa vigente” para desterrar la reglamentación de la explotación de la prostitución ajena en la ciudad. Una de las normas que deberán ser modificadas es la que exige una libreta sanitaria especial para las empleadas de whisquerías y por la cual deben realizarse periódicamente exámenes médicos vaginales para detectar enfermedades de trasmisión sexual. Desde mediados de abril, esa exigencia está suspendida por disposición del intendente.

Reconocer esta violencia

En Página/12

Por Eva Giberti

El porcentaje de violadores de niñas y de niños, así como de abusadores y de padres incestuosos, evidencia una realidad que no sabemos si está en aumento o si los adultos responsables han aprendido a escuchar a los chicos y a mirarlos reconociendo los síntomas que transparentan a una criatura victimizada.

De este modo, abusadores, violadores e incestuosos comenzaron a sentirse incómodos, particularmente cuando son reconocidos por los profesionales que realizan los diagnósticos que demuestran el delito y (en oportunidades) quedando de esta forma involucrados o sentenciados por la Justicia: por una parte, los atacantes sexuales sancionados por la Justicia (con frecuencia separados de sus hijos ante la evidencia del delito) junto con quienes aún están encubiertos y, por la otra, los defensores de los niños y niñas.

Estos sujetos anónimos se amontonaron para configurar y organizar un fenómeno sociológico propio de fuerzas opuestas, la histórica oposición entre el Bien y el Mal. Avanzan con una estrategia que intenta confundir a la comunidad. Con la pretensión de advertir respecto de la “corrupción” de los profesionales e instituciones que defienden a niños y a niñas de sus manoseos y violaciones, desparraman correos en Internet, volantes en las calles y pintadas en las paredes, con una serie de listas con los nombres de profesionales cuya idoneidad y proceder ético se sostienen hace años en nuestro país y en el exterior.

Al advertir que las denuncias de abusos, incestos y violaciones ocupan cada vez más espacios en los medios de comunicación, mostrando que los responsables, con notoria frecuencia, son los padres de las víctimas, a veces también sus asesores espirituales (¡qué disgusto con el clero en Irlanda!, para ejemplificar a distancia) o cualquier otro miembro de la familia; y que los profesionales experimentados en el tema demuestran no sólo la veracidad de las narraciones de los chicos, sino que avanzan en la exigencia de detener a los agresores, decidieron que el patriarcado (la familia tradicional) estaba en peligro. Inclusive puede suponerse que los más entusiastas “denunciadores” que envían los mensajes con ridículos inventos acerca de la ética de los profesionales fueron –sean– algunos de los que cuentan con una sentencia judicial por habérseles demostrado la agresión sexual contra uno de sus hijos.

Si los profesionales especializados en diagnosticar y demandar por los ataques que padecen los niños y las niñas, además de escribir y de hablar a través de la radio y la tevé acerca de este delito, no hubiésemos sido escuchados atentamente por la comunidad, estas personas no se hubiesen aterrorizado. Producto del terror iracundo es la producción que han emprendido, acusando a los profesionales y poniendo en práctica el paradigma de lo que se conoce como backlash, contragolpe o latigazo en su traducción literal. Inventan, para la persona temida –los profesionales que pueden denunciarlos– la realización de los delitos que ellos han cometido, o bien son quienes adhieren a la ideología de considerar mentirosas a las criaturas víctimas o manipulables por los adultos interesados en perjudicar a los agresores. Los pedófilos potenciales y los activos pueden estar mezclados en estas organizaciones que se pretenden salvadoras de las familias contra aquellos que hace décadas defendemos a niños y niñas.

En Occidente se estudia este fenómeno hace tiempo y entre nosotros existen excelentes textos académicos que permiten reconocer la aparición de este contramovimiento que se opone al avance que se viene logrando en defensa de las víctimas y el reconocimiento de la verosimilitud de sus narraciones cuando cuentan qué es lo que los adultos les hicieron.

Mariana Carbajal, en su artículo de Página/12 del miércoles 27 de mayo, esclarece esta política y asocia este movimiento con determinadas historias de nuestro país.

Estos sujetos intentan que la gente crea que quienes escribimos o quienes los conducen ante la Justicia o se ocupan de acompañar psicoterapéuticamente la desdicha fenomenal de la criatura violada son corruptores. Al pretender destruir a quienes defienden a los chicos, son ellos quienes están interesados en oponerse a la denuncia y sanción del delito.

¿Quiénes podrían respaldarlos? ¿Quiénes están muy interesados en mantener el modelo de familia occidental, patriarcal, tradicional en el cual el delito era silenciado? No son pocos y cuentan con determinados poderes.
Estudiando la historia de este fenómeno encontramos que el contramovimiento que se opone a la defensa de los chicos, o backlash, ha logrado lesionar el trabajo de algunas instituciones y de los profesionales. Por eso es imprescindible legislar al respecto; sin la intervención de la ley, este universo de profesionales que sólo cuenta con su técnica y su sentido ético queda a merced de la maledicencia y aun de los ataques físicos y verbales. Porque alguien protege a estos violentos.

Son quienes precisan que las víctimas no sean creídas, necesitan que sus narraciones no encuentren quién las acompañe y las defienda.

No hace falta recurrir a los incestuosos que engendran hijos con sus hijas, alcanza con el padre o el tío o el hermano o el abuelo para que el delito tienda a ser encubierto y silenciado “para defender la familia”.

Que algún técnico pueda equivocarse en la evaluación de un historial puede suceder, pero ello no acredita ni intención de destruir la familia ni corrupción, y puede corregirse en la discusión entre profesionales.

El fenómeno aparece por ciclos y es importante que la comunidad sepa que, cuando en su correo electrónico ingresen nombres de profesionales a los que se intenta descalificar sin que resulte posible demostrar la más mínima transgresión en sus prácticas y técnicas, están frente a un contraproyecto destinado a silenciar a las víctimas y a quienes las defienden.

Así como la comunidad aprendió la importancia de denunciar la victimización de una criatura, otros intentan que un universo de profesionales –y no sólo los mencionados en las listas– sea paralizado mediante calumnias. Por eso es necesario informar: quienes –desde hace décadas– pretendemos garantizar los derechos de los niños y niñas víctimas sabemos que el contragolpe es producto del crecimiento de la conciencia comunitaria acerca de los delitos que históricamente se silenciaban o cuyos autores no encontraban sanción por parte de los ejecutores de la ley.

La prevención del “abuso” sexual empieza por informar que existe un contraproyecto, un movimiento que se opone a escuchar la voz de los niños y de las niñas victimizados o en peligro de serlo. Puede encontrar a sus miembros en la calle o en el correo electrónico, como los virus.

¿Qué pasa con el Consejo Nacional de la Mujer?

Fuente: Parlamentario.com

Pedido de informes sobre el estado puntual del organismo y su presupuesto.

La diputada del GEN en la Coalición Cívica Virginia Linares presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para que informe sobre el actual funcionamiento del Consejo Nacional de la Mujer (CNM), a los fines de garantizar que dicho organismo cuente con jerarquía institucional y con un presupuesto adecuado que le permita la correcta implementación de la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

El CNM es el organismo a nivel nacional responsable de las políticas públicas de igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres. Tiene como propósito fundamental promover una transformación socio-cultural basada en la plena e igualitaria participación de las mujeres en la vida social, política, económica y cultural del país.

Fue creado en el año 1992 y actualmente se encuentra bajo la orbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en el ámbito de la Presidencia de la Nación.“En el año 1992, el Consejo Nacional de la Mujer mantenía la dependencia directa de la Presidencia de la Nación y contaba con presupuesto y planta personal propia y su presidenta tenia el rango de secretaria de estado. Pero a lo largo de los últimos años el organismo fue perdiendo status institucional a través de diferentes decretos por los cuales fue transferido a diferentes áreas. Hoy figura casi desdibujado del organigrama oficial”, explicó la legisladora del GEN.

“Los sucesivos cambios en la estructura del Poder Ejecutivo nos muestran la poca importancia y la poca jerarquía que se le ha otorgado y se le otorga al Consejo Nacional de la Mujer. Esto es claro en la actualidad: hoy en día el organismo no tiene jerarquía institucional y hasta el momento no se dedicó a formular e impulsar políticas públicas para paliar las desigualdades que sufren las mujeres. La violencia de género, la pobreza y la desocupación, la brecha salarial respecto de los varones, el aborto inseguro y clandestino son algunos de los temas prioritarios en una agenda de género, pero pareciera que para el CNM no lo son”, sostuvo Linares.

Y agregó: “Es sumamente importante reconstruir el Consejo para que, en principio se constituya en articulador y monitoreador de los programas gubernamentales y no gubernamentales en las temáticas de género, y asimismo debe recuperar su jerarquía institucional porque es el organismo encargado de promover la creación y puesta en funcionamiento del Observatorio que indica la nueva Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en el mes de abril de este año”.

“No se entiende que en un país con una presidenta mujer no se le de la importancia que merece al organismo encargado de velar por las políticas de género y al encargado de controlar que nuestro país cumpla con los objetivos planteados por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El gobierno nacional debería en tal sentido, demostrar que su invocación al género no es solo discursiva”, finalizó Virginia Linares.

La mujer Fragmentada

Publicado en Miradas al sur - 07/06/09

Violentadas, abusadas, asaltadas, asesinadas.Para los medios de comunicación las mujeres suelen ser noticia desde el espanto. Muertas a causa de un aborto inseguro, atacadas por un violador serial, presas de un “drama pasional”. Sólo alcanzan el protagónico como víctimas, obtienen su mención especial en las páginas policiales, y pocas veces aparecen como sujeto activo de las noticias.

“Según el monitoreo mundial de medios que cada cinco años realiza la Asociación para la Comunicación Cristiana, sólo en un 22 por ciento de los casos la mujer es protagonista de la noticia”. Así comienza La mujer mediatizada, el documental de Artemisa Comunicación que analiza la presencia de la mujer en los medios nacionales, tanto desde el contenido de la información como su participación en la construcción de la agenda de noticias.“Hay algunos problemas para mostrar a las mujeres en los medios; no suelen ser protagonistas de la noticia y, cuando aparecen, el modo en que lo hacen es generalmente a través de la victimización. Nuestro
objetivo es ofrecer otra manera de pensar los hechos que pasan desde un enfoque de género”, afirma Sonia Santoro, fundadora de Artemisa, una asociación civil que promueve la igualdad entre mujeres y varones desde la comunicación.

El film presenta varios ejes para analizar la realidad de un género muchas veces silenciado y, otras tantas, fragmentado o estereotipado por los medios. El lenguaje sexista, la violencia de género, las oportunidades laborales y la diferencia salarial entre varones y mujeres son algunos de los disparadores que se proponen mostrar las desigualdades entre los sexos. Las propias comunicadoras y periodistas reflexionan sobre su lugar en el medio y las dificultades para cambiar cierta “naturalización” de roles y capacidades según el género.

Detrás de las noticias, en el lugar de su construcción, la mujer también tiene una posición minoritaria.Desde hace años viene aumentando la cantidad de mujeres periodistas (en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA en 2007 egresaron 64 varones y 150 mujeres), pero estos números no reflejan la cantidad de periodistas femeninas que existen actualmente ni su participación en puestos de decisión en los medios. En muchas redacciones, noticieros televisivos y agencias de noticias sólo un tercio de los puestos está ocupado por ellas. “El objetivo del video es abrir el debate y mostrar el abanico de puntos de vista diversos que existen sobre un tema complejo, relacionado con cuestiones culturales muy arraigadas, como la dependencia del varón, o como el famoso ‘techo de cristal’ que impide a las mujeres alcanzar las metas profesionales”, dice Santoro.

El film puede verse en artemisanoticias.com.ar